Archivo noviembre 2013

La Ley Nacional de Reproducción Asistida es un gran avance, defendámoslo 1

Nov22

Hay en nuestro mundo algunas sociedades organizadas en base a la religión, en las que las normas que emanan de la creencia preponderante deben ser seguidas por todos, so pena de recibir castigos severos por acciones que en otros grupos humanos serían toleradas o inclusive aceptadas como normales.

Afortunadamente existen otras sociedades en las que se valora altamente el respeto por las libertades individuales. Las normas que regulan el funcionamiento de las mismas no están atadas a lo que dicta determinado grupo o religión, sino a la racionalidad, y a la búsqueda de una buena convivencia y de la mejora en la calidad de vida de sus miembros.

Dado que en estas sociedades existe libertad de cultos, cada individuo puede practicar la religión que mejor le plazca dentro de los límites que imponen las leyes. Entre estos límites está la prohibición de obligar a otros a creer, practicar o regirse por una religión particular.

A pesar de esto, de vez en cuando alguno de los grupos religiosos se siente dueño absoluto de la verdad y con derecho a imponer al resto de la sociedad los preceptos o normas que se desprenden  de sus creencias. Llegado a este punto es deber del estado procurar que esto no ocurra, pues en caso contrario se estaría menoscabando seriamente los derechos y las libertades de todos aquellos integrantes de la sociedad que no comparten estas creencias.

Si alguna persona adhiere a determinada creencia, esta merece ser respetada aun cuando para la mayoría de la sociedad pudiera ser calificada de insensata debido a las consecuencias que pudiera acarrear a ese individuo.

Un claro ejemplo de eso es lo que ocurre con aquellos que por motivos religiosos se oponen a algunas prácticas médicas como las transfusiones de sangre. Se debe respetar en este caso el derecho a negarse a recibir una transfusión. Sin embargo a nadie se le ocurriría permitir que este grupo se abrogue el derecho a prohibir las transfusiones al resto de los integrantes de la sociedad.

A lo largo de 25 años en la práctica de la fertilización asistida de alta complejidad, nos hemos encontrado con pacientes que solicitaban tratamiento de su infertilidad, pero a la vez demandaban que dicho tratamiento se efectuara respetando las pautas que les imponía su religión. A veces el cumplimiento de esas pautas religiosas podía limitar la efectividad del tratamiento, sin embargo, siempre respetamos el deseo de los pacientes aunque luego de explicarles con claridad de que manera los cambios solicitados podrían afectar el resultado. En muchos casos nos encontramos que puestos ante la cruda realidad, los pacientes optaban por dejar de lado sus creencias en pos de lograr el tratamiento más eficaz.

Tenemos entendido que el cambio que se propone introducir por presión de la Iglesia católica viola el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Artavia Murillo contra Costa Rica del 28/11/2012 en el que se concluye que el embrión no implantado no es persona.  Por dicho fallo Costa Rica revirtió una situación en la que por varios años la fertilización in vitro estuvo prohibida. Gracias a la práctica de la fertilización in Vitro,  han podido nacer en el mundo más de cinco millones de niños, e infinidad de parejas antes consideradas estériles han logrado satisfacer el derecho a formar una familia.  La modificación del artículo 19, tal como por presión de la Iglesia se propone ahora, sería incluso hasta un retroceso frente a la redacción actual de Vélez Sarsfield que dice que la existencia de la persona acontece desde la concepción EN EL SENO MATERNO, al excluir ese concepto, se estaría en un franco retroceso incluso a la regulación vigente.

Hoy nos encontramos ante un ejemplo lamentable de cómo un grupo religioso pretende imponer las creencias de su parcialidad frente a los intereses del resto de los integrantes de la sociedad argentina. Los cambios que el  lobby católico pretende imponer en el proyecto del nuevo código civil van en contra de la buena práctica de la fertilización asistida y de los derechos de las parejas a acceder al mejor tratamiento para alcanzar la procreación de su descendencia.

Entendemos que, por el principio de libertad, aquellas personas que por razones religiosas no quieren someterse a las técnicas de reproducción asistida lo pueden hacer perfectamente. Se trata de seguir ampliando derechos, no de restringirlos. Resulta además inexplicable que el mismo Congreso de la Nación – luego de que por amplísima mayoría, 203 votos a favor, uno en contra y solo 10 abstenciones- este año sancionó la ley 26.862 de cobertura médica de técnicas de reproducción asistida permitiendo la criopreservación de embriones y, por lo tanto, admitiendo que el embrión no implantado no es persona sino que lo sería recién cuando está implantado en la mujer, ahora considera lo contrario. ¿Cómo puede ser que los mismos legisladores ahora voten algo que se contrapone con lo que votaron solo unos meses atrás? Es inadmisible.

Si nos fijamos en la historia reciente veremos que en Italia por un descuido de los legisladores, el mismo grupo religioso logró imponer restricciones absurdas a los tratamientos de fertilidad que tomó muchos años eliminar y en el intervalo perjudicó sensiblemente la eficacia de los tratamientos. Por otra parte, cabe destacar que la ley de técnicas de reproducción asistida del Uruguay sancionada hace unos días, permite de manera expresa la fertilización in vitro y al embrión lo considera “preembrión” al que no se le da carácter de persona humana. Nosotros, de llevar esto adelante con estas restricciones, seríamos el primer país que prohibiría indirectamente el uso de la fertilización in Vitro, ya que Costa Rica, que era el otro país, gracias a la sentencia de la Corte Interamericana pudo sortear este impedimento.

La reciente ley de fertilidad fue un gran avance de nuestra sociedad, si alguien por motivos religiosos no está de acuerdo con esos tratamientos que no los utilice, o que solicite que lo traten de acuerdo a sus creencias, pero sería lamentable que un cambio en el proyecto del nuevo Código Civil bloqueara los alcances de esa ley en detrimento de los deseos y derechos de muchos argentinos que la pidieron y la necesitan.

Primero la gente: cuando el embarazo no llega, elegir donde tratarse también es un derecho 0

Nov21

Es frecuente observar la peregrinación de parejas de un centro a otro, buscando aquel que se adecue a sus expectativas, a sus formas. Asimismo, no son pocos quienes realizan todos sus intentos en un único centro y están decididos a no cambiarlo, porque están cómodos, porque confían. Distintas son las razones por las cuales una pareja puede desear cambiar de centro: recomendaciones, distinta información, etc. Y no deja de ser una realidad que los resultados de los tratamientos varían de un centro a otro, los porcentajes de éxito no son los mismos en todos los centros, la trayectoria, la disponibilidad, los profesionales del equipo…En este contexto, la libre elección del centro donde tratarse es fundamental no sólo para la calidad de la prestación –relevante teniendo en cuenta que los intentos cubiertos no son infinitos- sino que, además, esto llevará a que cada centro haga lo mejor posible para ser elegido y brindar el mejor servicio. Este es el momento para que la libre elección sea una realidad.

A medida que pasan los días y los detalles de la reglamentación van avanzando, más convencido estoy, por los comentarios de los pacientes, por su preocupación, por su desesperación, de lo importante de que esta elección del centro sea absolutamente libre. Frente a al realidad que planteó primero la sanción de la Ley de Fertilización de la Provincia de Buenos Aires y luego la ley nacional 26.862 –sancionada el pasado 5 de julio y reglamentada por el Poder Ejecutivo de la Nación el 19 de julio pasado- que incrementa con su vigencia las escalas actuales y plantea un escenario de grandes desafíos para todos los actores involucrados, es necesario pensar en las personas.

La importancia que tiene para el paciente la libre elección de un centro y de un profesional en el cual depositar su confianza y sus expectativas, redunda directamente en una mejor contención del paciente y optimiza día a día la calidad de atención, fomentando la sana competencia e impulsando una mejora continua.

¿Cómo lograrlo? A mi criterio no es tan ardua la tarea. Es necesario que la autoridad de aplicación fije un valor piso para todos los tratamientos y prácticas incorporadas en la ley. Las prepagas y obras sociales arman su red de centros con lo que tienen convenio y todo afiliado tendrá derecho a realizar tratamiento en esos centros sin estar obligado a desembolsar nada, pero, si desea realizarlo en otro centro habilitado, con el cual su prepaga u obra social no tiene convenio, puede hacerlo.

La obra social o prepaga le reintegraría a la pareja el monto valor piso pautado y la pareja debería hacerse cargo –en caso de que el costo fuera mayor- de aquello no cubierto por la obra social o prepaga. Lo mismo sucedería si una obra social o prepaga montaran un centro propio. De esta forma, todos los centros deberán hacer lo posible para que sus resultados fueran buenos y así ser elegidos.

La libre elección del centro debería ser una realidad ya que esta decisión personalísima de donde atenderse es de quienes padecen dificultades vinculadas a la fertilidad, y debería ser tenida en cuenta para evitar que el paciente se sienta limitado en sus opciones. Por supuesto, todo esto debiera ir acompañado por controles, auditorías y todo aquello que colabore para que el sistema mejore aún más en el tiempo pero, en este momento en que se están analizando los detalles de la reglamentación, la libre elección del paciente debería ser, a mi entender, un punto fundamental.

Dr. R. Sergio Pasqualini is powered by WordPress y Halitus Instituto Médico
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