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La Ley Nacional de Reproducción Asistida es un gran avance, defendámoslo 1

Nov22

Hay en nuestro mundo algunas sociedades organizadas en base a la religión, en las que las normas que emanan de la creencia preponderante deben ser seguidas por todos, so pena de recibir castigos severos por acciones que en otros grupos humanos serían toleradas o inclusive aceptadas como normales.

Afortunadamente existen otras sociedades en las que se valora altamente el respeto por las libertades individuales. Las normas que regulan el funcionamiento de las mismas no están atadas a lo que dicta determinado grupo o religión, sino a la racionalidad, y a la búsqueda de una buena convivencia y de la mejora en la calidad de vida de sus miembros.

Dado que en estas sociedades existe libertad de cultos, cada individuo puede practicar la religión que mejor le plazca dentro de los límites que imponen las leyes. Entre estos límites está la prohibición de obligar a otros a creer, practicar o regirse por una religión particular.

A pesar de esto, de vez en cuando alguno de los grupos religiosos se siente dueño absoluto de la verdad y con derecho a imponer al resto de la sociedad los preceptos o normas que se desprenden  de sus creencias. Llegado a este punto es deber del estado procurar que esto no ocurra, pues en caso contrario se estaría menoscabando seriamente los derechos y las libertades de todos aquellos integrantes de la sociedad que no comparten estas creencias.

Si alguna persona adhiere a determinada creencia, esta merece ser respetada aun cuando para la mayoría de la sociedad pudiera ser calificada de insensata debido a las consecuencias que pudiera acarrear a ese individuo.

Un claro ejemplo de eso es lo que ocurre con aquellos que por motivos religiosos se oponen a algunas prácticas médicas como las transfusiones de sangre. Se debe respetar en este caso el derecho a negarse a recibir una transfusión. Sin embargo a nadie se le ocurriría permitir que este grupo se abrogue el derecho a prohibir las transfusiones al resto de los integrantes de la sociedad.

A lo largo de 25 años en la práctica de la fertilización asistida de alta complejidad, nos hemos encontrado con pacientes que solicitaban tratamiento de su infertilidad, pero a la vez demandaban que dicho tratamiento se efectuara respetando las pautas que les imponía su religión. A veces el cumplimiento de esas pautas religiosas podía limitar la efectividad del tratamiento, sin embargo, siempre respetamos el deseo de los pacientes aunque luego de explicarles con claridad de que manera los cambios solicitados podrían afectar el resultado. En muchos casos nos encontramos que puestos ante la cruda realidad, los pacientes optaban por dejar de lado sus creencias en pos de lograr el tratamiento más eficaz.

Tenemos entendido que el cambio que se propone introducir por presión de la Iglesia católica viola el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Artavia Murillo contra Costa Rica del 28/11/2012 en el que se concluye que el embrión no implantado no es persona.  Por dicho fallo Costa Rica revirtió una situación en la que por varios años la fertilización in vitro estuvo prohibida. Gracias a la práctica de la fertilización in Vitro,  han podido nacer en el mundo más de cinco millones de niños, e infinidad de parejas antes consideradas estériles han logrado satisfacer el derecho a formar una familia.  La modificación del artículo 19, tal como por presión de la Iglesia se propone ahora, sería incluso hasta un retroceso frente a la redacción actual de Vélez Sarsfield que dice que la existencia de la persona acontece desde la concepción EN EL SENO MATERNO, al excluir ese concepto, se estaría en un franco retroceso incluso a la regulación vigente.

Hoy nos encontramos ante un ejemplo lamentable de cómo un grupo religioso pretende imponer las creencias de su parcialidad frente a los intereses del resto de los integrantes de la sociedad argentina. Los cambios que el  lobby católico pretende imponer en el proyecto del nuevo código civil van en contra de la buena práctica de la fertilización asistida y de los derechos de las parejas a acceder al mejor tratamiento para alcanzar la procreación de su descendencia.

Entendemos que, por el principio de libertad, aquellas personas que por razones religiosas no quieren someterse a las técnicas de reproducción asistida lo pueden hacer perfectamente. Se trata de seguir ampliando derechos, no de restringirlos. Resulta además inexplicable que el mismo Congreso de la Nación – luego de que por amplísima mayoría, 203 votos a favor, uno en contra y solo 10 abstenciones- este año sancionó la ley 26.862 de cobertura médica de técnicas de reproducción asistida permitiendo la criopreservación de embriones y, por lo tanto, admitiendo que el embrión no implantado no es persona sino que lo sería recién cuando está implantado en la mujer, ahora considera lo contrario. ¿Cómo puede ser que los mismos legisladores ahora voten algo que se contrapone con lo que votaron solo unos meses atrás? Es inadmisible.

Si nos fijamos en la historia reciente veremos que en Italia por un descuido de los legisladores, el mismo grupo religioso logró imponer restricciones absurdas a los tratamientos de fertilidad que tomó muchos años eliminar y en el intervalo perjudicó sensiblemente la eficacia de los tratamientos. Por otra parte, cabe destacar que la ley de técnicas de reproducción asistida del Uruguay sancionada hace unos días, permite de manera expresa la fertilización in vitro y al embrión lo considera “preembrión” al que no se le da carácter de persona humana. Nosotros, de llevar esto adelante con estas restricciones, seríamos el primer país que prohibiría indirectamente el uso de la fertilización in Vitro, ya que Costa Rica, que era el otro país, gracias a la sentencia de la Corte Interamericana pudo sortear este impedimento.

La reciente ley de fertilidad fue un gran avance de nuestra sociedad, si alguien por motivos religiosos no está de acuerdo con esos tratamientos que no los utilice, o que solicite que lo traten de acuerdo a sus creencias, pero sería lamentable que un cambio en el proyecto del nuevo Código Civil bloqueara los alcances de esa ley en detrimento de los deseos y derechos de muchos argentinos que la pidieron y la necesitan.

Primero la gente: cuando el embarazo no llega, elegir donde tratarse también es un derecho 0

Nov21

Es frecuente observar la peregrinación de parejas de un centro a otro, buscando aquel que se adecue a sus expectativas, a sus formas. Asimismo, no son pocos quienes realizan todos sus intentos en un único centro y están decididos a no cambiarlo, porque están cómodos, porque confían. Distintas son las razones por las cuales una pareja puede desear cambiar de centro: recomendaciones, distinta información, etc. Y no deja de ser una realidad que los resultados de los tratamientos varían de un centro a otro, los porcentajes de éxito no son los mismos en todos los centros, la trayectoria, la disponibilidad, los profesionales del equipo…En este contexto, la libre elección del centro donde tratarse es fundamental no sólo para la calidad de la prestación –relevante teniendo en cuenta que los intentos cubiertos no son infinitos- sino que, además, esto llevará a que cada centro haga lo mejor posible para ser elegido y brindar el mejor servicio. Este es el momento para que la libre elección sea una realidad.

A medida que pasan los días y los detalles de la reglamentación van avanzando, más convencido estoy, por los comentarios de los pacientes, por su preocupación, por su desesperación, de lo importante de que esta elección del centro sea absolutamente libre. Frente a al realidad que planteó primero la sanción de la Ley de Fertilización de la Provincia de Buenos Aires y luego la ley nacional 26.862 –sancionada el pasado 5 de julio y reglamentada por el Poder Ejecutivo de la Nación el 19 de julio pasado- que incrementa con su vigencia las escalas actuales y plantea un escenario de grandes desafíos para todos los actores involucrados, es necesario pensar en las personas.

La importancia que tiene para el paciente la libre elección de un centro y de un profesional en el cual depositar su confianza y sus expectativas, redunda directamente en una mejor contención del paciente y optimiza día a día la calidad de atención, fomentando la sana competencia e impulsando una mejora continua.

¿Cómo lograrlo? A mi criterio no es tan ardua la tarea. Es necesario que la autoridad de aplicación fije un valor piso para todos los tratamientos y prácticas incorporadas en la ley. Las prepagas y obras sociales arman su red de centros con lo que tienen convenio y todo afiliado tendrá derecho a realizar tratamiento en esos centros sin estar obligado a desembolsar nada, pero, si desea realizarlo en otro centro habilitado, con el cual su prepaga u obra social no tiene convenio, puede hacerlo.

La obra social o prepaga le reintegraría a la pareja el monto valor piso pautado y la pareja debería hacerse cargo –en caso de que el costo fuera mayor- de aquello no cubierto por la obra social o prepaga. Lo mismo sucedería si una obra social o prepaga montaran un centro propio. De esta forma, todos los centros deberán hacer lo posible para que sus resultados fueran buenos y así ser elegidos.

La libre elección del centro debería ser una realidad ya que esta decisión personalísima de donde atenderse es de quienes padecen dificultades vinculadas a la fertilidad, y debería ser tenida en cuenta para evitar que el paciente se sienta limitado en sus opciones. Por supuesto, todo esto debiera ir acompañado por controles, auditorías y todo aquello que colabore para que el sistema mejore aún más en el tiempo pero, en este momento en que se están analizando los detalles de la reglamentación, la libre elección del paciente debería ser, a mi entender, un punto fundamental.

Se reglamentó la Ley Nº 26.862 de Reproducción Médicamente Asistida 2

Ago1

La Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, reglamentó la Ley Nº 26.862 de “Acceso integral a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción médicamente asistida” a través del Decreto 956/2013, que apareció publicado hoy en el Boletín Oficial. La autoridad de aplicación de la norma y de la reglamentación es el Ministerio de Salud de la Nación y, en lo que resulte materia de su competencia, la Superintendencia de Servicios de Salud.

Los siguientes son los aspectos principales de la ley y su decreto reglamentario:

– La Ley 26.862 y su reglamentación cubren la necesidad de ser madres o padres a aquellas personas que no pueden procrear por medios naturales.
– Esta nueva legislación se inscribe en el marco de la ampliación de derechos que caracteriza los avances dispuestos por el Gobierno Nacional, contemplando de manera igualitaria e inclusiva los derechos de toda persona a la paternidad/maternidad y a formar una familia, reconocidos por nuestra Constitución Nacional y Tratados Internacionales de rango constitucional.
– La Ley establece que tienen derecho a las prestaciones de reproducción médicamente asistida todas las personas, mayores de edad, sin discriminación o exclusión de acuerdo a su orientación sexual o estado civil.
– El sector público de la salud, las obras sociales reguladas y otras entidades de la seguridad social incorporarán como prestaciones obligatorias y a brindar a sus afiliados o beneficiarios, la cobertura integral de las técnicas de reproducción médicamente asistida.
– La cobertura garantizada en la reglamentación se basa en los criterios establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con un enfoque integral e interdisciplinario del abordaje, el diagnóstico, los medicamentos, las terapias de apoyo y las técnicas de reproducción médicamente asistida de baja y de alta complejidad.
– En caso de que en la técnica de reproducción asistida se requieran gametos donados, la donación nunca tendrá carácter lucrativo o comercial.
– El Ministerio de Salud de la Nación elaborará los criterios de habilitación de los establecimientos y las normas de diagnóstico y utilización de las técnicas de reproducción asistida para su cobertura dentro del Programa Médico Obligatorio (PMO).

A continuación, el texto completo del Decreto 956/2013:

REPRODUCCION MEDICAMENTE ASISTIDA
Decreto 956/2013
Ley Nº 26.862. Acceso integral a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción médicamente asistida. Reglamentación.
Bs. As., 19/7/2013
VISTO el Expediente Nº 1-2002-12.895/13-7 del Registro del MINISTERIO DE SALUD y la Ley Nº 26.862, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley Nº 26.862 tiene por objeto garantizar el acceso integral a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción médicamente asistida.

Que en dicha ley prevalecen, entre otros derechos concordantes y preexistentes reconocidos por nuestra Constitución Nacional y Tratados Internacionales de rango Constitucional (conforme artículo 75, inciso 22 de nuestra Carta Magna), los derechos de toda persona a la paternidad / maternidad y a formar una familia, en íntima conexión con el derecho a la salud.

Que el derecho humano al acceso integral a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción médicamente asistida, reconocido por la Ley Nº 26.862, se funda en los derechos a la dignidad, a la libertad y a la igualdad de toda persona humana (conforme la Constitución Nacional y los fundamentos y principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos).

Que la Ley Nº 26.862 se fundamenta en la intención del legislador de ampliar derechos; ello, en tiempos de cambios y de más inclusión en el ámbito social y en el de la salud; en el marco de una sociedad que evoluciona, aceptando la diferencia y la diversidad cultural y, promoviendo de tal modo, una sociedad más democrática y más justa.

Que la Ley Nº 26.862 establece que pueden acceder a las prestaciones de reproducción médicamente asistida todas las personas, mayores de edad, sin que se pueda introducir requisitos o limitaciones que impliquen discriminación o exclusión fundadas en la orientación sexual o el estado civil de quienes peticionan por el derecho regulado. La cobertura prestacional la deben brindar los establecimientos asistenciales de los TRES (3) subsectores de la salud: público, seguridad social (obras sociales) y privado (medicina prepaga).

Que la ley de marras sigue lo prescripto científicamente por la ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en orden a la cobertura integral e interdisciplinaria del abordaje, el diagnóstico, los medicamentos y las terapias de apoyo y los procedimientos y las técnicas de reproducción médicamente asistida.

Que por lo expuesto, se procede en esta instancia al dictado de las normas reglamentarias necesarias que permitan la puesta en funcionamiento de las previsiones contenidas en la Ley Nº 26.862.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE SALUD ha tomado la intervención que le compete.

Que el presente se dicta en uso de las atribuciones emergentes del artículo 99, inciso 2 de la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello,

LA PRESIDENTA DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:
Artículo 1° — Apruébase la reglamentación de la Ley Nº 26.862 que como ANEXO I forma parte del presente Decreto.
Art. 2° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Juan M. Abal Medina. — Juan L. Manzur.

ANEXO I
REGLAMENTACION DE LA LEY Nº 26.862 – ACCESO INTEGRAL A LOS PROCEDIMIENTOS
Y TECNICAS MEDICO-ASISTENCIALES DE REPRODUCCION MEDICAMENTE ASISTIDA
ARTICULO 1°.- Objeto. Entiéndase que la garantía establecida por la Ley Nº 26.862 tiene por objeto el acceso integral a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción médicamente asistida, como la posibilidad de acceder a dichos procedimientos y técnicas cualquiera sea la cobertura que posea el titular del derecho. A esos fines, los Prestadores del Servicio de Salud de los ámbitos público, de la Seguridad Social y privado, deberán proveer sus prestaciones respectivas conforme la Ley Nº 26.862, la presente reglamentación y demás normas complementarias que al efecto se dicten.
ARTICULO 2°.- Definiciones. Se entiende por técnicas de reproducción médicamente asistida a todos los tratamientos o procedimientos para la consecución de un embarazo. Se consideran técnicas de baja complejidad a aquellas que tienen por objeto la unión entre óvulo y espermatozoide en el interior del sistema reproductor femenino, lograda a través de la inducción de ovulación, estimulación ovárica controlada, desencadenamiento de la ovulación e inseminación intrauterina, intracervical o intravaginal, con semen de la pareja o donante.
Se entiende por técnicas de alta complejidad a aquellas donde la unión entre óvulo y espermatozoide tiene lugar por fuera del sistema reproductor femenino, incluyendo a la fecundación in vitro; la inyección intracitoplasmática de espermatozoide; la criopreservación de ovocitos y embriones; la donación de ovocitos y embriones y la vitrificación de tejidos reproductivos.
La Autoridad de Aplicación resolverá la inclusión de nuevos procedimientos y técnicas en la cobertura que explicita la Ley Nº 26.862, siempre que tales procedimientos y técnicas hayan demostrado eficacia y seguridad con nivel de evidencia A, es decir, a través de ensayos clínicos aleatorizados y controlados, y luego de la evaluación técnica realizada por la DIRECCION NACIONAL DE REGULACION SANITARIA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD, conforme las previsiones del PROGRAMA NACIONAL DE GARANTIA DE CALIDAD DE LA ATENCION MEDICA. Los mismos serán incorporados por normas complementarias dictadas por el MINISTERIO DE SALUD.
ARTICULO 3°.- Autoridad de Aplicación. La Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 26.862 y de la presente Reglamentación es el MINISTERIO DE SALUD y la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, en lo que resulte materia de su competencia.
La Autoridad de Aplicación podrá coordinar con las autoridades sanitarias provinciales y de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES el desarrollo y aprobación de las normas de habilitación categorizante de los servicios de reproducción humana asistida.
ARTICULO 4°.- Registro. El registro único de establecimientos sanitarios habilitados para realizar procedimientos y técnicas de reproducción médicamente asistida y los bancos de gametos y/o embriones funcionará en el ámbito del REGISTRO FEDERAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD (ReFES) en la DIRECCION NACIONAL DE REGULACION SANITARIA Y CALIDAD EN SERVICIOS DE SALUD, dependiente de la SUBSECRETARIA DE POLITICAS, REGULACION Y FISCALIZACION de la SECRETARIA DE POLITICAS, REGULACION E INSTITUTOS del MINISTERIO DE SALUD. Las autoridades sanitarias de las provincias y de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES serán las responsables de registrar los establecimientos que hayan habilitado a tal fin, conforme a las normas de habilitación categorizante que se hubieran aprobado.
ARTICULO 5°.- Requisitos. La Autoridad de Aplicación deberá establecer los requisitos de habilitación de los establecimientos sanitarios destinados para realizar procedimientos y técnicas de reproducción médicamente asistida, en el marco de la normativa de habilitación categorizante del PROGRAMA NACIONAL DE GARANTIA DE LA CALIDAD DE LA ASISTENCIA MEDICA.
La habilitación sanitaria del servicio y de los establecimientos será otorgada por la autoridad jurisdiccional competente.
ARTICULO 6°.- Funciones. El MINISTERIO DE SALUD, a los fines de cumplir con lo establecido por el artículo 6° de la Ley Nº 26.862, deberá:
a) Coordinar con las autoridades sanitarias de las provincias y de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES la creación de servicios de reproducción medicamente asistida de distintas complejidades, según necesidades y existencia previa de los mencionados servicios en establecimientos sanitarios públicos de cada jurisdicción o a nivel regional, que cumplan con los requisitos generales de habilitación categorizante del PROGRAMA NACIONAL DE GARANTIA DE LA CALIDAD DE LA ASISTENCIA MEDICA.
b) Mantener en la página Web del MINISTERIO DE SALUD y en el SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION SANITARIA la lista actualizada de establecimientos sanitarios públicos y privados habilitados, distribuidos en todo el territorio nacional, para realizar procedimientos y técnicas de reproducción médicamente asistida.
c) Realizar campañas de información a fin de promover los cuidados de la fertilidad en mujeres y varones a través del PROGRAMA DE SALUD SEXUAL Y PROCREACION RESPONSABLE, dependiente de la DIRECCION DE MEDICINA COMUNITARIA en la órbita de la SUBSECRETARIA DE SALUD COMUNITARIA de la SECRETARIA DE PROMOCION Y PROGRAMAS SANITARIOS.
d) Promover conjuntamente con el MINISTERIO DE EDUCACION, la actualización del capital humano en la materia, involucrando a las universidades formadoras en ciencias de la salud.
ARTICULO 7°.- Beneficiarios. El consentimiento informado deberá ser prestado por la persona que requiera la aplicación de técnicas de reproducción médicamente asistida, antes del inicio de cada una de ellas. El consentimiento informado y su revocación deben documentarse en la historia clínica con la firma del titular del derecho expresando su manifestación de voluntad. Se aplican, en lo pertinente, las Leyes Nº 26.529 de Derechos del Paciente en su relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud y Nº 25.326 de Protección de los Datos Personales.
En los casos de técnicas de reproducción médicamente asistida de baja complejidad el consentimiento es revocable en cualquier momento del tratamiento, o hasta antes del inicio de la inseminación. En los casos de técnicas de reproducción médicamente asistida de alta complejidad, el consentimiento es revocable hasta antes de la implantación del embrión.
ARTICULO 8°.- Cobertura. Quedan obligados a brindar cobertura en los términos de la presente reglamentación y sus normas complementarias los Agentes del Sistema Nacional del Seguro de Salud enmarcados en las Leyes Nº 23.660 y Nº 23.661, las Entidades de Medicina Prepaga (Ley Nº 26.682), el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (Ley Nº 19.032), la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación, el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas, las Obras Sociales Universitarias (Ley Nº 24.741), y todos aquellos agentes que brinden servicios médico asistenciales independientemente de la forma jurídica que posean.
El sistema de Salud Público cubrirá a todo argentino y a todo habitante que tenga residencia definitiva otorgada por autoridad competente, y que no posea otra cobertura de salud.
En los términos que marca la Ley Nº 26.862, una persona podrá acceder a un máximo de CUATRO (4) tratamientos anuales con técnicas de reproducción médicamente asistida de baja complejidad, y hasta TRES (3) tratamientos de reproducción médicamente asistida con técnicas de alta complejidad, con intervalos mínimos de TRES (3) meses entre cada uno de ellos.
Se deberá comenzar con técnicas de baja complejidad como requisito previo al uso de las técnicas de mayor complejidad. A efectos de realizar las técnicas de mayor complejidad deberán cumplirse como mínimo TRES (3) intentos previos con técnicas de baja complejidad, salvo que causas médicas debidamente documentadas justifiquen la utilización directa de técnicas de mayor complejidad.
Quedan incluidos en el PROGRAMA MEDICO OBLIGATORIO (PMO), los procedimientos y las técnicas de diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo para la reproducción médicamente asistida reguladas en el artículo 8° de la Ley Nº 26.862.
No se considerará como situación de preexistencia, en los términos del artículo 10 de la Ley Nº 26.682, la condición de infertilidad o la imposibilidad de concebir un embarazo.
En caso que en la técnica de reproducción médicamente asistida se requieran gametos o embriones donados, estos deberán provenir exclusivamente de los bancos de gametos o embriones debidamente inscriptos en el REGISTRO FEDERAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD (ReFES) de la DIRECCION NACIONAL DE REGULACION SANITARIA Y CALIDAD EN SERVICIOS DE SALUD, dependiente del MINISTERIO DE SALUD.
Si la donación se ha efectuado en un establecimiento diferente al de realización del tratamiento, el titular del derecho deberá presentar una declaración jurada original del establecimiento receptor del gameto o embrión en la cual conste el consentimiento debidamente prestado por el donante.
La donación de gametos y/o embriones deberá estar incluida en cada procedimiento. La donación nunca tendrá carácter lucrativo o comercial.
La autoridad de aplicación podrá elaborar una norma de diagnóstico e indicaciones terapéuticas de medicamentos, procedimientos y técnicas de reproducción asistida para la cobertura por el Programa Médico Obligatorio, sin que ello implique demora en la aplicación inmediata de las garantías que establece la Ley Nº 26.862 de acceso integral a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción médicamente asistida. La ausencia del dictado de tal norma no implicará dilación alguna en la aplicación inmediata de las mencionadas garantías.
ARTICULO 9°.- Presupuesto. Conforme lo establecido por el artículo 6° de la Ley Nº 26.862, el MINISTERIO DE SALUD asignará anualmente las partidas presupuestarias correspondientes, para la atención de la población en los términos del artículo 8° de la presente reglamentación.
ARTICULO 10.- Las respectivas autoridades sanitarias de las jurisdicciones provinciales y de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, deberán adoptar los recaudos tendientes a la efectiva implementación de la Ley en el ámbito de sus competencias, incluyendo las previsiones presupuestarias correspondientes.

Dr. R. Sergio Pasqualini is powered by WordPress y Halitus Instituto Médico
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